San Pablo Xochimehuacán: la evidente necesidad de una renovación urbanística

3 de noviembre de 2021

Por Liliana Becerril Rojas

El pasado fin de semana San Pablo Xochimehuacán, Puebla, vivió un triste acontecimiento: la explosión de una toma clandestina de gas. Es decir, el delito de huachicoleo cobró nuevas víctimas, pues el saldo es de 11 personas heridas y una persona muerta.

Este trágico suceso pone de manifiesto diversas aristas de la problemática: desde la falta de opciones seguras para los asentamientos humanos, que es una consecuencia derivada del crecimiento demográfico, hasta la necesidad de crear una conciencia responsable acerca de los riesgos que implica el delito del huachicoleo, porque no solo es robar derivados del petróleo, sino atentar contra la vida de muchas familias, así como de sus patrimonios. Pero también, sobre la necesidad de hacer una planeación eficiente de la urbanización de las poblaciones, pues hay zonas de alto riesgo donde no existen las condiciones para hacer edificaciones de uso habitacional y la reubicación de los gasoductos es imposible, así que es necesario hacer estudios que ofrezcan las posibilidades de crear nuevas áreas habitacionales seguras, con todos los servicios y con condiciones de una digna calidad de vida, ya que el crecimiento de las áreas urbanas irán en aumento inevitablemente.

Por otra parte, la delincuencia organizada encuentra en los sectores con mayor pobreza un caldo de cultivo excelente para reclutar nuevos miembros, pues en aras de mejorar sus ingresos y con ello, tener acceso a una mejor calidad de vida, participan en estos hechos delictivos a pesar de que el riesgo de perder la vida o de atentar contra la vida de terceras personas sea grande.

Sin duda el problema tiene una base tripartita y, por lo tanto, su solución tiene la misma estructura: es necesario que el Estado, la sociedad civil y el sector empresarial participen activamente en la creación de estrategias que ofrezcan un panorama favorable para la ciudadanía. La planeación urbanística debe responder a las nuevas necesidades de la sociedad: asentamientos humanos dignos, creación de nuevas fuentes de ingresos, centros educativos y de recreación. La sociedad civil necesita adquirir el conocimiento de sus obligaciones, pero también de sus derechos, de acuerdo con las disposiciones legales contenidas en la Constitución, ya que solo así podrá establecer un diálogo ágil y efectivo con autoridades y empresarios que influyen en las condiciones de vida de las personas.

El desafío es grande, porque se trata de generar una cultura de prevención, de crear condiciones de vida digna para todos los sectores de la población y atender las necesidades que se van presentando a medida que crece la cantidad de habitantes de una región. Es una labor conjunta en la que todos contamos para construir la comunidad que deseamos, que merecemos y deseamos legar.

Lamento profundamente la pérdida de las víctimas de esta tragedia en Puebla y deseo que podamos evitar que este tipo de acontecimientos se repliquen. Lo podemos evitar.

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