Delito es delito y merece castigo

19 de agosto de 2019

Coraje, indignación e impotencia causan las imágenes que a través de las redes sociales se hicieron virales donde grupos de mujeres y hombre embozados agreden, atacan tanto a policías como a representantes de los medios de comunicación y destruyen el patrimonio cultural, instalaciones del trasporte y oficinas públicas cual irracionales vándalos y delincuentes.

Los mismos sentimientos provoca ver que las corporaciones policiacas se encuentran impedidas para actuar aun cuando en sus propias narices se están cometiendo flagrantes delitos pues la absurda política del actual gobierno insiste en no utilizar la fuerza pública para reprimir a los manifestantes.

Habría que enseñarles a las autoridades que existe una gran diferencia entre “reprimir” y preservar el estado de derecho en el primer caso se trata de Impedir que un sentimiento, estado de ánimo o impulso se muestre o se exprese abiertamente lo cual se podría tomar como un atentado a la libertad de expresión , reunión y manifestación consagradas en la constitución federal  y en el segundo se entiende como la preservación de la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Así que la sociedad no puede permitirse que exista la represión, pero mucho menos puede permitir que se violente el estado de derecho el cual debe ser garantizado irrestrictamente por el gobierno, para ello, cuenta con la fuerza pública que lamentablemente en esta administración carece de los elementos para enfrentar a la delincuencia, cayendo irremediablemente en la omisión de sus obligaciones y provocando que la impunidad alimente cada vez más el vandalismo y la delincuencia. La impunidad es la imposibilidad de ser sancionado. Se trata de una excepción de condena o una forma de escapar de la justicia. Es común en algunos países en los que se carece de un sistema político limpio y que repercute en un sistema judicial corrupto y débil.

Y es que mientras no exista la posibilidad de ser castigado, la impunidad abonará irremediablemente a la escalada delictiva que cada vez más sufrimos los mexicanos.

Delito es una conducta social que violenta los códigos de convivencia y legalidad establecidos en la Ley, y que por lo tanto se considera un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico, es decir, una acción u omisión contraria a las leyes por las que elegimos regirnos y que por ende amerita un castigo o resarcimiento. Delito es delito y debe ser castigado de acuerdo a la ley, así que desde el desvío de miles de millones de pesos por parte de funcionarios gubernamentales, hasta el robo de lápices, bolígrafos y hojas por parte de burócratas de bajo nivel laboral, debe ser investigado, comprobado y castigado, además de resarcir el daño ocasionado.

Lo mismo aplica para profesionales del asesinato que bajo las ordenes de los cárteles criminales ejecutan a decenas de personas, que para quienes al amparo del anonimato dañan propiedades ajenas, edificios públicos y agreden cobardemente a policías, civiles y representantes de medios de comunicación.

Y sin pretender generalizar ni tratando de desacreditar las justas demandas, debemos exigir que se castigue a los culpables, a los delincuentes que el estado responda a su obligación y haga uso de los elementos que tiene a su disposición, si cada denuncia de mujeres y hombres, fuera atendida eficientemente y los culpables castigados, si los ministerios públicos atendieran eficientemente sin prejuicios, si los policías de investigación dejaran de extorsionar a las victimas pidiendo “hasta para la gasolina” si los delincuentes realmente cumplieran sus condenas y no salieran libres por “errores técnicos” si los jueces dejaran de enriquecerse por los favores a los delincuentes, entonces no habría pretextos para manifestarse, mientras seguirá imperando la corrupción y sin  importar quien esté al frente del gobierno quienes tendrán  que pagar las consecuencias son los ciudadanos honrados, pacíficos y trabajadores que con sus impuestos siguen manteniendo un  aparato burocrático ineficiente, corrupto e insaciable… pobre sociedad mexicana

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