Ex trabajadores del extinto IAIP Tlaxcala denuncian violación a sus derechos laborales: sin pago de prestaciones ni finiquito

A dos meses de que se declarara la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), cerca de 40 ex trabajadores

enfrentan una situación de indefensión laboral, pues no han recibido el pago de

sus prestaciones ni los finiquitos que por ley les corresponden.

Los afectados denunciaron que la omisión en la entrega de recursos constituye una violación flagrante a sus derechos humanos y laborales, situación que se agrava en algunos casos, como el de una ex trabajadora que atraviesa las últimas semanas de embarazo sin acceso a seguridad social ni a los recursos económicos que legalmente le corresponden.

Los ex empleados del organismo señalaron

directamente al ex presidente del IAIP, Arturo de Casa Vega, quien —lejos de asumir la defensa de los derechos de los trabajadores—, se ha negado a intervenir en el proceso, a pesar de que en su momento declaró que defendería a sus compañeros y que regresó dinero al gobierno estatal, cerca de 2 millones pesos, para el pago de sus finiquitos.

“Es un acto de abandono y complicidad”, acusaron, al recordar que el propio De Casa Vega fue contratado recientemente en una dependencia del gobierno del estado vinculada al cuidado y protección del medio ambiente.

“Ya no le interesa el futuro de quienes fuimos sus compañeros de trabajo, pues ahora está protegido en la nómina gubernamental”, reprocharon.

La responsabilidad también recae en el secretario de Finanzas del estado, David Álvarez Ochoa, cuya área debía garantizar la transferencia y aplicación de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores del órgano que dejó de existir.

Los denunciantes subrayaron que su situación no se reduce a un tema administrativo o financiero, sino a la violación sistemática de derechos humanos básicos. La falta de pago ha colocado a varios en situación de vulnerabilidad, sin acceso a servicios médicos ni estabilidad económica.

El caso de la ex trabajadora embarazada ejemplifica la gravedad de la omisión institucional. “Es un acto de violencia laboral y de género, pues se le ha negado incluso el derecho a la seguridad social en una etapa crítica de su vida”, señalaron.